Cuando hablamos de la gente mayor, ya a partir de 55 años y de 65 en adelante la primera imagen que nos viene es de personas mayores que sufren infinitas dolencias, se pasan el día en el médico, tiene dificultades con las nuevas tecnologías, reducida movilidad, etc., etc.

¿Pero se corresponde esto realmente con la realidad?. Nada más lejos!.

La sociedad lleva inmersa en una profunda transformacion hace decadas, que ha dado como resultado la denominada generación Silver, se trata de personas dinámicas, vitales, en muchos casos con formacion universitaria, gran experiencia, algunos emprendedores, pero todos triangulados con aportar a la sociedad valores y compromiso con el bienestar social.

Datos interés demográficos y económicos

Según la fundacion Mapfre en colaboración con la Universidad de Deusto, la franja de mayores de 55 años representan en España más de 15 millones de personas, determinándose como actividad de consumo vital. Según datos ofrecidos por el estudio esta franja poblacional representa hoy en día el 25% del PIB europeo y supondrá en 2025 el 37,8% de sus empleados.

Según se desprende del mismo estudio el 90% de los encuestados mayores de 55 años tiene en propiedad alguna vivienda y el 74% ya tienen liquidada su hipoteca. Capacidad de ahorro, un 43% de los encuestados dispone de una capacidad de entre el 11% y el 30%, un 10% entre el 31% y 50% y un 31% menos del 10%.

Salud y hábitos

Un puntal en la calidad de vida, física y mental es la salud en la que se revela una nota muy alta en la fuente del estudio en que un 92% de los encuestados aseguraron cuidar su alimentación y un 77% practicar ejercicio regularmente. Visitas médicas se desprende tan solo un 17% visitan mensualmente al médico.

Fuente: Centro de investigación Ageingnomics de Fundación Mapfre

TECNOLOGÍAS Y USO

No es de estrañar alcanzado este contexto, que si hablamos de personas con formación y amplia experiencia laboral que el uso de las nuevas tecnologías no representan un problema en su gran mayoría y que utilizan a diario con una tasa del 78% para banca online, consumo, formación, ocio, redes sociales, mensajería electrónica e instantánea, etc., desmintiéndose  un tópico más.

ESTUDIO SOCIAL, EL FACTOR RELEVANTE

El comportamiento social, hábitos, consumo, salud, tendencias es el baremo que nos alerta o nos puede arrojar información de valor que nos ayuda a construir una sociedad mejor, más dinámica, sin desaprovechar valor, recursos o talento en el que el Centro de Investigación Ageignomics, organismo creado por la Fundación Mapfre ha desarrollado con el objetivo de liderar un proyecto a nivel europeo que arroje luz y vida sobre un sector que es un enclave de recursos en la sociedad actual y futura y que está infravalorado.

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El Tribunal Supremo se ha posicionado en contra de la Fiscalía respecto de las querellas y denuncias presentadas contra el Gobierno por la gestión de la pandemia, cuya admisión a trámite ha rechazado al no ver, por el momento, justificada debidamente la autoría de los hechos atribuidos al Ejecutivo. No obstante, ve conductas que a su juicio deben ser analizadas por los juzgados ordinarios, a los que remite las querellas presentadas por falta de medios para sanitarios o policías, contratación de material fallido y muerte de ancianos en residencias.

En un auto dado a conocer este viernes, la sala presidida por Manuel Marchena acuerda la inadmisión de las 20 querellas y 30 denuncias presentadas en los últimos meses por distintos sindicatos, asociaciones, organizaciones profesionales del ámbito de la sanidad y de las Fuerzas de Seguridad, familiares de víctimas del coronavirus y un partido político (Vox) durante los primeros meses de incidencia del coronavirus.

No obstante, también ordena deducir testimonio de esas querellas y denuncias y remitirlas al Juzgado decano de los Juzgados de Madrid para que se incoen las causas penales que correspondan, o se acumulen a las que ya estén siendo o hayan sido objeto de tramitación.

El auto destaca, en cualquier caso, que existen otras formas de reparación al alcance de las víctimas en otros órdenes jurisdiccionales, como son el contencioso-administrativo, donde son indemnizables los daños ligados al funcionamiento anormal de un servicio público, o el civil, por acciones u omisiones en que haya habido culpa o negligencia.

De este modo, los magistrados señalan que señalan que cuando las diligencias que practiquen esos juzgados evidencien la existencia de indicios de responsabilidad contra algún aforado, será el momento de que el juez de instrucción, en su caso, eleve una exposición razonada sobre ellos al Supremo.

En el auto del que ha sido ponente el presidente de la Sala, Manuel Marchena e integrada por los Magistrados Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Pablo Llarena y Vicente Magro, se comienza precisando que su examen se ciñe exclusivamente a los hechos imputados a los aforados mencionados en las denuncias y querellas: el presidente del Gobierno, los vicepresidentes y el resto de ministros, los magistrados del Tribunal Constitucional y del Supremo, el Defensor del Pueblo, y la presidenta de la Comunidad de Madrid.

El auto analiza pormenorizadamente cada uno de los delitos atribuidos en las querellas y denuncias, como el de homicidio y lesiones imprudentes; delito contra el derecho de los trabajadores; prevaricación y malversación de caudales públicos.

Entre los hechos denunciados destacaban que se hubiese permitido las concentraciones masivas y manifestaciones como la del 8-M, y que no se hubiesen facilitado a los profesionales sanitarios o de las fuerzas de Seguridad del Estado equipos de protección adecuados.

La Sala comienza advirtiendo que la calificación jurídico-penal de un hecho «no puede hacerse depender de la indignación colectiva por la tragedia en la que todavía nos encontramos inmersos, ni por el legítimo desacuerdo con decisiones de gobierno que pueden considerarse desacertadas».

Muertes en residencias

Respecto a las querellas que imputan responsabilidades por los fallecimientos en residencias, la Sala indica que no es ajena a la gravedad de lo ocurrido en estos centros, aunque, en relación a la responsabilidad de los aforados, explica que no es suficiente la mera atribución competencial de la gestión al departamento, ministerio o consejería dirigido por uno de los querellados para imputarles por estos hechos.

En todo caso, «es necesario que existan datos objetivos que permitan imputar los concretos resultados lesivos producidos en cada caso y sobre cada persona afectada, lo que exige la evaluación, aunque sea provisional, de las circunstancias concretas en la que estos resultados se produjeron», afirman.

Por ello, la Sala acuerda enviar a los juzgados de Madrid las denuncias y querellas por los fallecimientos de ancianos en residencias para investigar los hechos.

Concreta que en los juzgados ordinarios deberá esclarecerse si «esos fallecimientos estuvieron asociados a decisiones políticas, administrativas o de gestión y si son susceptibles de reproche penal. Habrá de indagarse también el origen y la autoría de resoluciones prohibitivas que impidieron que esas personas fueran trasladadas a centros sanitarios, anticipando así un prematuro estado de necesidad que, por su propia naturaleza, debía haber sido, siempre y en todo caso, un acto médico.

Fuente: Periódico digital 65ymas.com

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